La falta de acceso a la justicia constituye uno de los principales problemas de derechos. Se estima que existe cerca del 70% de personas sin sentencia, con detención preventiva, cumpliendo penas “de hecho”, ante la falta de celeridad y juicios justos y procesos debidos.
Políticos y analistas de diferentes áreas coinciden en señalar que la justicia requiere una profunda reforma pues todos los procedimientos y procesos se realizan sumidos en redes de corrupción.