Preguntas Frecuentes

No. El propósito de los informes psicosociales es determinar las posibles causas que llevaron a la o el adolescente a cometer el hecho delictivo y su condición tanto psicológica como social al momento de ser evaluado, con el fin de imponer la medida socio educativa más adecuada, y no para la determinación de la culpabilidad lo cual es una labor propia del juzgador.

Fuente: El Informe Psicosocial en Materia Penal Juvenil de Álvaro Burgos Mata. Pág. 33.

Si. El art. 85 del Decreto Supremo 2377, Reglamento del Código Niña Niño y Adolescente, establece en su parágrafo II, que la Remisión debe ser ejecutada a través de un Plan Individual, a ser presentado en un plazo de diez (10) días calendario de dispuesta la medida a la autoridad que la dispuso, en mérito al cual se evaluará su cumplimiento cada dos (2) meses.

Fuente: Decreto Supremo 2377 de 27 de mayo de 2015, Reglamento a la Ley 548, CNNA.

Según lo establecido en el artículo 265 del CNNA, si en el proceso se determina que es mayor de 18 años, el juez en materia de niñez y adolescencia se declarará incompetente y se remitirá a la justicia ordinaria, por otra parte, si existen dudas si una persona es menor de 14 años se presume que tiene esa edad hasta probar lo contrario y estará exento de responsabilidad. Sin embargo, si se determina que es menor de 14 años cesará la acción penal y se derivará a la Instancia Técnica Departamental de Política Social para la aplicación de medidas de protección.

Fuente: Código Niña, Niño y Adolescente, art. 265.

Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento.  

Fuente: Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de la Habana). Pag 7.

Es importante precisar las palabras y/o términos que dan vida al espíritu de la justicia restaurativa. Quien provoca el daño no es denominado delincuente, imputado, acusado, etc., sino ofensor/a. Los términos víctimas y ofensor identifican la verdad de los hechos, sin embargo, durante los mecanismos restaurativos, cada persona puede ser llamada por su propio nombre.

Fuente: Guía de Mecanismos de Justicia Restaurativa, aprobados por Resolución Ministerial N° 072/2019 de 02 de agosto de 2019. Pág. 31.

Según el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IIRP) se refiere a que las primeras son consideradas como mecanismos restaurativos más formales porque implican un mayor tiempo de planificación. El contenido del guion de ambas es diferente. Finalmente, las reuniones restaurativas, a diferencia de los círculos restaurativos, sólo pueden ser utilizadas reactivamente, es decir, cuando el daño ya ha sido provocado.

Fuente: Guía de Mecanismos de Justicia Restaurativa, aprobados por Resolución Ministerial N° 072/2019 de 02 de agosto de 2019. Pág. 41.

El único documento que debe acompañar al informe de conocimiento dirigido a la autoridad competente, por parte de la Instancia Técnica Departamental de Política Social (SEDEGES) es el Acta de Acuerdo Restaurativo (AAR) entre partes que expresa los acuerdos arribados en el Mecanismo de Justicia Restaurativa es el único documento que debe ser remitido por las o los facilitadores de MJR.

Fuente: Guía de Mecanismos de Justicia Restaurativa, aprobados por Resolución Ministerial N° 072/2019 de 02 de agosto de 2019. Pág. 22.

Los MJR no pueden ser desarrollados por una persona que, aunque cuente con la formación respectiva, se vea involucrada en las siguientes situaciones: 

• Cuando se vea directamente afectado/a por el delito.
• Cuando haya brindado consejería al grupo de participantes involucrados.
• Cuando tenga un rol de apoyo al grupo de ofensores o a las víctimas como es el caso de los equipos interdisciplinarios del Centro de Orientación o Centro de Reintegración Social. 

Fuente: Guía de Mecanismos de Justicia Restaurativa, aprobados por Resolución Ministerial N° 072/2019 de 02 de agosto de 2019. Pág. 27.

Una atención médica adecuada, tanto preventiva como correctiva; también tendrán derecho a recibir tratamiento en una institución especializada si así el adolescente lo necesitara. Además de que los centros de atención de adolescentes deberán garantizar programas de prevención del uso debido de drogas y de rehabilitación; administrados por personal de calidad.

Fuente: reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de la Habana). Pag 5.

La importancia repercute en que se deben usar todos los medios posibles para que el adolescente tenga una comunicación adecuada con el mundo exterior, puesto que ella es parte del derecho a un tratamiento justo y humanitario; es indispensable para preparar la reinserción de los adolescentes en la sociedad.

Fuente: reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de la Habana). Pag 6.

Si, porque el art. 268 en su parágrafos II y III, refiere que la imposición de medidas socioeducativas en libertad y con restricción de libertad, serán aplicadas cuando el máximo legal no supere los 3 años (esto ya con las 4/5 partes), y la medida socioeducativa de internamiento, cuando el máximo legal supere los 3 hasta los 6 años, en cambio, el art. 324 hace una clasificación y determina que superior a 2 años corresponde una medida de internamiento, entre 1 a 2 años una medida con restricción de libertad y menor a 1 año, una medida en libertad; produciéndose por tanto una contradicción entre ambos enunciados normativos, una forma de antinomia jurídica en el mismo CNNA (hay una contradicción entre normas cuando dos normas imputan al mismo caso soluciones incompatibles).

En ese sentido, toda vez que se trata de una misma ley con enunciados del mismo nivel jerárquico y cronológico, en tanto no sea objeto de un recurso constitucional o una modificación legislativa, corresponde a las autoridades jurisdiccionales, no resolver el conflicto entre ambos artículos porque no les compete, sino decidir su aplicación, en torno al Principio Pro homine (art. 29 de la CADH), como principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, que constituye un criterio hermenéutico para la protección efectiva de los derechos porque exige la interpretación que más favorece a su vigencia, contenido y alcance. 

Fuente: Manuales de Actuación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes. Manual Especializado de Ejecución de Medias Socioeducativas para Adolescentes con responsabilidad Penal. Párr. 86 y 87.

Se sugiere que las tareas estén relacionadas con el cuidado y conservación del medio ambiente, protección y rescate de animales; acompañamiento a colectivos

en situación de vulnerabilidad (adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades terminales, etc.); promoción de hábitos de vida saludable; solidaridad y prevención de desastres naturales; cultura ciudadana y participación; promoción de la recreación y el deporte; promoción artística y cultural; mantenimiento y estética de la ciudad, entre otros.

Fuente: Manuales de Actuación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes. Manual Especializado de Ejecución de Medias Socioeducativas para Adolescentes con responsabilidad Penal. Párr. 96. 

El seguimiento y acompañamiento por parte de la o el Tutor se debe realizar por lo menos una (1) vez a la semana, en forma permanente con informes escritos mensuales al equipo interdisciplinario del Centro de Orientación. Cada visita de seguimiento debe tener una duración total mínima de una (1) hora, incorporando las pausas necesarias para lograr los objetivos previstos en el PIEM.

Fuente: Manuales de Actuación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes. Manual Especializado de Ejecución de Medias Socioeducativas para Adolescentes con responsabilidad Penal. Párr. 132.

Según la Observación general N° 24 del Comité de los Derechos del Niño, la privación de libertad debe ser considerada como último recurso y por el menor tiempo posible, claro que esta medida solo debe ser considerada para adolescentes con responsabilidad penal siendo estos los mayores de 14 años de edad y los menores de 18 años de edad.

Fuente: Los Derechos de los Niños en el Sistema de Justica para Niños, Un análisis de la Observación General N° 24 aprobada por el Comité de los Derechos del Niño. https://www.scribd.com/document/428481794/Grupo-Impulsor-Articulo-1-OG24#fullscreen&from_embed

Se aplicarán a todas las personas sometidas a acusación, juicio o cumplimiento de una sentencia, en todas las fases de la administración de la justicia penal. A los efectos de las Reglas, estas personas se designarán «delincuentes», independientemente de que sean sospechosos o de que hayan sido acusados o condenados. 

Fuente: reglas mínimas de las naciones unidas sobre las medidas no privativas de libertad (reglas de Tokio). Pag 1

Cuando las víctimas son niñas y niños, se debe velar por su protección y garantizar que su consentimiento sea verdaderamente voluntario. 

Fuente: Guía para la aplicación de Mecanismos de Justicia Restaurativa. Sistema Penal para Adolescentes. Pág. 36.

No. Porque se debe reconocer que la acción penal es pública, sin embargo, la víctima participa en el proceso, por sí o por abogado o por mandante y formula los recursos correspondientes cuando cree necesario para la defensa de sus intereses (CNNA 286.I.). Por intermedio del Fiscal puede aportar pruebas, coadyuvar en la investigación, pedir reparación del daño, pero no acusar ni pedir determinada sanción. 

Fuente: Manuales de Actuación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes. Disposiciones Comunes para los Tres Manuales. Párr. 21.13.1.